Avances significativos en 2023 :

Estas cifras confirman las tendencias de los últimos años, que indicaban el aislamiento cada vez mayor de los países retencionistas.

Cerca de tres cuartas partes de los países del mundo ya han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Estas eran las cifras a 31 de diciembre de 2023: Abolicionistas para todos los delitos: 112 Abolicionistas sólo para delitos comunes: 9 Abolicionistas en la práctica: 23 Cifra total de países abolicionistas en la legislación o en la práctica: 144 Retencionistas: 55

Malasia derogó la pena de muerte preceptiva para todos los delitos y redujo el ámbito de esta pena; Pakistán abolió la pena de muerte para delitos de drogas; y las autoridades de Sri Lanka reafirmaron su intención de no llevar a cabo ejecuciones.

En julio, el Parlamento de Ghana votó a favor de sendos proyectos de ley que eliminaban la pena de muerte de la Ley Penal y de Otros Delitos de 1960 y de la Ley CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES 2023 37 Amnistía Internacional sobre las Fuerzas Armadas de 1962. En Kenia, entre agosto y septiembre se presentaron en el Parlamento cuatro proyectos de ley para abolir la pena de muerte. En Zimbabue, se publicó oficialmente en diciembre un proyecto de ley para abolir la pena de muerte en el país.

Avances en 2024 :

En varios países de la región se concedieron al menos 1.026 conmutaciones y 83 indultos en 2023, y se registraron al menos 5 exoneraciones

Amnistía Internacional registró 1.153 ejecuciones en 2023: un aumento del 31% (270) respecto de las 883 ejecuciones conocidas en 2022.

El aumento de la cifra de ejecuciones registradas fue atribuible en gran medida al incremento de las ejecuciones por delitos de drogas en Irán. Irán, por sí solo, fue responsable del 74% de todas las ejecuciones registradas en la región

Las cifras totales conocidas no incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que en 2023 siguió siendo el país que llevó a cabo el mayor número de ejecuciones.

Debido a esto, la cifra total global que se presenta en este informe constituye una cifra mínima que sólo expone de forma parcial el verdadero alcance de las ejecuciones a las que han recurrido los Estados durante el año.

También se registraron aumentos del número de ejecuciones conocidas, sobre todo en Estados Unidos, donde aumentó un 33%, de 18 en 2022 a 24 en 2023.

Pese a que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe el uso de la pena de muerte para castigar delitos que no se ajusten al criterio de “los más graves delitos” (es decir, los que entrañan un homicidio intencional), al menos cinco países — Arabia Saudí, China, Irán, Kuwait y Singapur— llevaron a cabo ejecuciones por delitos de drogas.

La comunidad de naciones ha adoptado cuatro tratados internacionales que establecen la abolición de la pena de muerte.

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Cifras mundiales

En 2022 se llevaron a cabo al menos 883 ejecuciones, frente a las 579 que, como mínimo, se consumaron en 2021, lo que supone un incremento del 53%. Por segundo año consecutivo, Amnistía Internacional registró un aumento de las ejecuciones tras una disminución en las documentadas en 2018, 2019 y 2020. 

Las ejecuciones documentadas —excluidas las miles que, según se cree, se llevaron a cabo en China—aumentaron de forma significativa: un 53% respecto de 2021 (de 579 en 2021 a 883 en 2022). El número de ejecuciones registradas en 2022 fue el mayor documentado desde 2017 (993).2 El hermetismo y las prácticas estatales restrictivas continuaron dificultando una evaluación precisa del uso de la pena capital en varios países, entre ellos China, Corea del Norte y Vietnam.

Además, Amnistía Internacional documentó ejecuciones en 20 países frente a los 18 de 2021. Tras un paréntesis de varios años, se reanudaron las ejecuciones en cinco países: Afganistán (primera desde 2018), Kuwait (primera desde 2017), Myanmar (primera en cuatro decenios), Palestina (Estado de) (primera desde 2017) y Singapur (primera desde 2019). Tres países —Botsuana, Emiratos Árabes Unidos y Omán— que llevaron a cabo ejecuciones en 2021 no ejecutaron a nadie en 2022.

Tres países —Arabia Saudí (196), Egipto (24) e Irán (al menos 576)— fueron responsables del 90% de todas las ejecuciones conocidas y un impresionante 93% de las ejecuciones documentadas en el mundo (excluida China) en 2022 se llevaron a cabo en la región de Oriente Medio y el Norte de África.

Cuatro países —Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y República Centroafricana— abolieron la pena capital para todos los delitos. En Kazajistán, se promulgó en enero una ley que abolía la pena de muerte. En abril entraron en vigor las reformas del Código Penal que eliminaron esta pena de la legislación de Papúa Nueva Guinea. En Sierra Leona, el 21 de abril de 2022, entró en vigor la Ley de Abolición de la Pena de Muerte de 2021, que eliminaba esta pena de la legislación del país. El 27 de junio de 2022, el presidente Faustin-Archange Touadéra de la República Centroafricana convirtió en ley un proyecto legislativo que abolía la pena de muerte que había aprobado la Asamblea Nacional un mes antes. Al concluir 2022, dos países —Guinea Ecuatorial y Zambia— habían abolido la pena sólo para delitos comunes. Amnistía Internacional consideró que estas medidas positivas eran aboliciones parciales porque, al finalizar el año, la pena de muerte seguía prevista en las leyes militares de ambos países. 

A finales de 2022, más de dos tercios de los países del mundo habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. 112 países, la mayoría de los Estados del mundo, habían abolido la pena de muerte en la ley para todos los delitos y 144 países habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. 55 países seguían manteniendo la pena de muerte.

Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 26 países: Afganistán, Bangladesh, Barbados, China, Estados Unidos, Gambia, Ghana, Guyana, India, Indonesia, Irak, Kazajistán, Kuwait, Malasia, Marruecos y el Sáhara Occidental, Mauritania, Níger, Nigeria, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Taiwán, Vietnam y Zambia.

Amnistía Internacional registró al menos 28 exoneraciones de personas condenadas a muerte en 4 países: Estados Unidos (2), Kenia (20), Marruecos y el Sáhara Occidental (1) y Zimbabue (5).

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En 2021, Amnistía Internacional registró 579 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un incremento del 20% respecto a las 483 ejecuciones registradas en 2020. A pesar de estos aumentos, el total de ejecuciones de 2021 constituye la segunda cifra más baja registrada por Amnistía Internacional desde al menos 2010. Por segundo año consecutivo, el número de países de los que se sabe que han ejecutado a personas fue el más bajo registrado por la organización. En 2019, 2020 y 2021, Amnistía Internacional constató 657, 483 y 579 ejecuciones, respectivamente.

Amnistía Internacional no tuvo constancia de ejecuciones en India, Qatar y Taiwán, donde si se habían registrado en 2020.

En julio, el Parlamento de Sierra Leona aprobó por unanimidad una ley por la que se establece la abolición de la pena de muerte para todos los delitos. Kazajistán adoptó en diciembre una ley que abolía la pena capital para todos los delitos, que entró en vigor este año. Papúa Nueva Guinea emprendió una consulta nacional sobre la pena de muerte, que se tradujo en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022, pendiente aún de entrar en vigor. El gobierno de Malasia anunció que presentaría reformas legislativas sobre la pena de muerte en el tercer trimestre de 2022.

Al finalizar 2021, más de dos tercios de los países del mundo habían abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. En 108 países, (la mayoría de los países del mundo) se había abolido la pena capital en la ley para todos los delitos, y 144 países la habían abolido en la ley o en la práctica. En 55 países aún se conservaba la pena de muerte.

Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 19 países:Bangladesh, Botsuana, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Guyana, India, Indonesia, Irán, Malasia, Myanmar, Pakistán, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Sudán del Sur, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Zambia y Zimbabue.

Amnistía Internacional registró 7 exoneraciones de personas condenadas a muerte en cuatro países: Bahréin (1), Estados Unidos (2), Kenia (1) y Zambia (3).

Se tuvo constancia de la imposición de condenas a muerte en procedimientos que incumplían las normas internacionales sobre juicios justos en países como Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Camerún, Egipto, Irán, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Singapur, Somalia y Yemen.

La Federación Rusa, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán siguieron aplicando moratorias oficiales de las ejecuciones.

Leer el informe. 

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Haga clic aquí para leer el estudio completo.

Este estudio empírico independiente, que presenta las opiniones de 100 «líderes de opinión», procedentes de las siete jurisdicciones, tiene como objetivo contribuir a aclarar por qué estos países se aferran a la pena capital y cuáles son los obstáculos que les impiden abolir por completo la pena de muerte.

Entre las principales conclusiones se incluyen:

• En estos siete países, 48 de los entrevistados estaban a favor de mantener la pena de muerte (18 de ellos totalmente a favor) y 52 estaban a favor de su abolición (30 de ellos totalmente a favor)
• Entre los que estaban a favor de mantener la pena de muerte, sólo una minoría, 10 de 48 entrevistados, dijeron que «se opondrían firmemente a una ley del Parlamento para abolir completamente la pena de muerte votando indudablemente en contra».
• Los entrevistados consideraban que las mejores estrategias para persuadir a sus respectivos gobiernos de adoptar la reforma consistían en: «crear un grupo de presión de la sociedad civil influyente ‘Ciudadanos contra la Pena de Muerte’; «cuestionar legalmente la constitucionalidad de la pena de muerte»; o «persuadir al gobierno de crear una comisión de alto nivel para informar sobre el tema».

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En 2019, Amnistía Internacional registró 657 ejecuciones repartidas en 20 países, lo que supuso un descenso del 5% con respecto al año 2018, en que se registraron, al menos, 690 ejecuciones. Se trata del número más bajo de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional en al menos una década.

La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto, por este orden.

China siguió siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado; la cifra oficial de, al menos, 657 ejecuciones no incluye las miles de ejecuciones que, presumiblemente, tuvieron lugar en China.

Bahréin y Bangladesh reanudaron las ejecuciones el año pasado, tras una interrupción en 2018. Amnistía Internacional no tuvo constancia de ejecuciones en Afganistán, Tailandia y Taiwán, donde si se habían registrado en 2018.

Las ejecuciones se redujeron ligeramente en Irán de, al menos, 253 en 2018 a, por lo menos, 251 en 2019. En Irak se duplicaron las ejecuciones de, al menos, 52 en 2018 a, por lo menos, 100 en 2019, y Arabia Saudí ejecutó a un número sin precedentes de personas, de 149 en 2018 a 184 en 2019.

En 2019, en Gambia, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, República Centroafricana y Zimbabue se registraron acciones positivas o pronunciamientos que podrían dar lugar a la abolición de la pena de muerte.

Barbados también eliminó de su Constitución la pena de muerte preceptiva. En Estados Unidos, el gobernador de California estableció una moratoria de las ejecuciones en el estado que tiene la cifra más elevada de personas condenadas a muerte, y Nuevo Hampshire se convirtió en el vigésimo primer estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte para todos los delitos.

La Federación Rusa, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán siguieron aplicando moratorias oficiales de las ejecuciones.

Al concluir 2019, 106 países (la mayoría de los países del mundo) habían abolido la pena de muerte para todos los delitos, y 142 países (más de dos tercios del total) la habían abolido en la ley o en la práctica.

Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 24 países: Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, EE. UU., Egipto, Gambia, Ghana, Guyana, India, Indonesia, Irak, Kuwait, Malasia, Marruecos y el Sáhara Occidental, Mauritania, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Singapur, Sudán, Tailandia, Zambia y Zimbabue.

Se registraron al menos 11 exoneraciones de personas condenadas a muerte en dos países: EE. UU. y Zambia.

Amnistía Internacional registró, al menos, 2.307 condenas a muerte en 56 países frente a las 2.531 registradas en 54 países en 2018. Sin embargo, Amnistía Internacional no recibió información sobre cifras oficiales de condenas a muerte impuestas en Malasia, Nigeria y Sri Lanka, países que, en años anteriores, habían comunicado cifras oficiales elevadas al respecto.

Se tenía constancia de que al finalizar 2019 había en todo el mundo al menos 26.604 personas condenadas a muerte.

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El Foro SIDH fue una oportunidad para celebrar el 60º aniversario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el 40º aniversario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 7 de noviembre, la Coalición Mundial organizó un panel sobre el 30º aniversario del Protocolo americano sobre la abolición de la pena de muerte. De los 35 Estados miembros de la OEA, 13 han ratificado el Protocolo Americano , 8 países que son abolicionistas en la legislación no lo han ratificado (Bolivia, Canadá, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú y Suriname) y 14 siguen manteniendo la pena de muerte.
En nombre de la Coalición Mundial, el Presidente Kevin Miguel Rivera Medina habló de la situación de la pena de muerte en el mundo, en América, de los logros y los retos regionales. El Comisionado Joel Hernández García pidió a la CIDH y la Coalición Mundial que fortalezcan su colaboración y destacó la importancia de involucrar a los ocho países abolicionistas que aún no han adherido al Protocolo Americano.

Fortalecimiento de las medidas cautelares para prevenir las ejecuciones

En los últimos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tomado varias decisiones sobre casos de pena de muerte, incluyendo medidas cautelares para evitar las ejecuciones, como en Estados Unidos. Cuando evaluó el impacto histórico del sistema interamericano de derechos humanos y los desafíos para el futuro, el Comisionado Joel Hernández García señaló que hay algunas medidas preventivas que nunca se han aplicado. En Estados Unidos, la dualidad de jurisdicciones (federal y estatal) es un verdadero desafío para el sistema interamericano de derechos humanos.

Se sugirieron varias ideas para mejorar esta situación: aumentar el trabajo entre la sociedad civil y el sistema interamericano, priorizar situaciones emblemáticas para ser más eficaces, mejorar la cobertura de los medios de comunicación, crear directrices sobre cómo cumplir con las recomendaciones y decisiones, desarrollar las redes sociales, promover una forma periódica y sistémica de seguimiento de las medidas correctivas a diferentes niveles: ejecutivo, judicial, legislativo.

Cuestionar el status quo en el Caribe anglófono

El 12 de noviembre de 2019, durante el 174º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrado en Quito (Ecuador), the Death Penalty Project, organización miembro de la Coalición Mundial, compareció ante la Comisión durante una audiencia temática sobre la situación de la pena de muerte en el Caribe anglófono. La delegación estuvo integrada por el Codirector Ejecutivo Saul Lehrfreund, junto con la abogada jamaicana Malene Alleyne y Kacey Mordecai: abogada y responsable de programas en Robert F Kennedy Human Rights.

Alrededor de un tercio de los Estados miembros de la OEA mantienen actualmente la pena de muerte, y de los 14 Estados que la mantienen, 12 se encuentran en el Caribe anglófono. Sin embargo, hace más de diez años (mucho más tiempo en la mayoría de dichos países) que no se lleva a cabo ninguna ejecución en ninguno de ellos. Estados Unidos son el único país de la OEA que lleva a cabo ejecuciones de manera activa.

En la actualidad, hay por lo menos 69 condenados a muerte en el Caribe anglófono: en Barbados (10), Granada (1), Guyana (15), San Vicente y las Granadinas (1) y Trinidad y Tobago (42).

Sólo cuatro países del Caribe anglófono (Barbados, Dominica, Granada y Jamaica) han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Barbados y Dominica han formulado reservas específicas a la Convención Americana con respecto al uso de la pena de muerte, y Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana en 1998 con el fin de seguir imponiendo la pena de muerte de conformidad con las leyes del país.

En un comunicado de prensa que resume la sesión, la CIDH solicita a los Estados miembros de la OEA que mantienen la pena de muerte que tomen medidas proactivas para avanzar hacia la abolición: «La CIDH se mostró particularmente preocupada por la información presentada sobre la pena de muerte en los países del Caribe anglófono. Aunque dichos países no han aplicado la pena de muerte desde hace más de 10 años, aún existen obstáculos para abolir esta forma de castigo (…). La CIDH insta a los Estados que aún aplican la pena de muerte a que procedan a su abolición o, por lo menos, impongan una moratoria a su aplicación».

Según The Death Penalty Project:«En este contexto, y teniendo en cuenta la condición de abolicionistas de facto de todos los países del Caribe anglófono, es evidente que falta un impulso en toda la región hacia la abolición completa. Esta pasividad no refleja necesariamente una oposición significativa a la abolición, sino más bien una reticencia a cuestionar el statu quo. Dado que en la región no se han producido ejecuciones durante más de una década, y más de dos décadas en muchos de esos Estados, parece evidente que, con el impulso necesario, podrían adoptarse medidas importantes para la completa abolición de la pena capital en el Caribe anglófono.

La audiencia completa está disponible en línea en la siguiente página: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1011&v=c9NECHBXCmA&feature=emb_title

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Tras la reforma de su legislación antidrogas, las ejecuciones en Irán —país que recurre con profusión a la pena de muerte— registraron un asombroso descenso de un 50%. Por su parte, Irak, Pakistán y Somalia mostraron también una notable reducción de las ejecuciones. En consecuencia, la cifra mundial pasó de 993 ejecuciones (como mínimo) en 2017 a 690 (como mínimo) en 2018.

“El drástico descenso de las ejecuciones demuestra que, incluso los países más insospechados, están empezando a cambiar sus prácticas y a darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución”, ha declarado el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo.

“Pese al retroceso experimentado en algunos lugares, el número de ejecuciones consumadas por varios de los peores verdugos del mundo ha descendido de manera considerable. Se trata de una señal esperanzadora que indica que es sólo cuestión de tiempo que este castigo cruel quede relegado al rincón de la historia, donde debe estar.”

Restauración de la pena de muerte

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. Amnistía Internacional detectó un aumento de las ejecuciones en Bielorrusia, Estados Unidos, Japón, Singapur y Sudán del Sur. Tailandia llevó a cabo su primera ejecución desde 2009 y, en Sri Lanka, el presidente Maithripala Sirisena manifestó su intención de reanudar las ejecuciones tras una pausa de más de 40 años, llegando incluso a publicar, en febrero de 2019, un anuncio para buscar verdugos.

“Las buenas noticias de 2018 se han visto empañadas por el hecho de que un reducido número de Estados haya decidido, para su vergüenza, ir en contra de la tendencia general”, afirmó Kumi Naidoo.

“En Japón, Singapur y Sudán del Sur se registraron los niveles más altos de ejecuciones desde hacía años, y Tailandia reanudó las ejecuciones después de casi 10 años; sin embargo, esos países constituyen una minoría menguante. Reto a todos los países que aún recurren a la pena de muerte a actuar con valentía y poner fin de inmediato a ese aberrante castigo.”

La joven sudanesa Noura Hussein fue condenada a muerte en mayo de 2018 por haber matado al hombre con el que fue obligada a casarse, y que intentó violarla. Tras la oleada de indignación internacional y las importantes actividades de campaña de Amnistía Internacional, su condena a muerte fue anulada y reemplazada por una pena de cinco años de prisión y una indemnización económica —tradicionalmente conocida como diya o “dinero de sangre”— de 337.500 libras sudanesas (unos 8.400 dólares estadounidenses).

Noura declaró a Amnistía Internacional:

“Cuando el juez me dijo que me habían condenado a muerte, me sentí completamente conmocionada. No había hecho nada para merecer morir. No podía creer semejante grado de injusticia, sobre todo para las mujeres. Hasta ese momento, nunca se me había ocurrido que me pudieran ejecutar. Lo primero que pensé fue: ‘¿cómo se siente una persona a la que van a ejecutar? ¿Qué hace?’. Mi caso era especialmente duro, porque cuando me condenaron, mi familia me había repudiado. Me enfrentaba sola a mi propia angustia.”

Los principales ejecutores del mundo

China siguió siendo el principal ejecutor del mundo, aunque se ignoraba la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar sus cifras clasificadas como secreto de Estado. Amnistía Internacional cree que, cada año, miles de personas son condenadas a muerte y ejecutadas.

En un gesto sin precedentes, las autoridades de Vietnam hicieron públicas las cifras sobre pena de muerte, admitiendo un mínimo de 85 ejecuciones en 2018. Este saldo confirma el lugar de ese país entre los cinco principales ejecutores del mundo: China (miles), Irán (al menos 253), Arabia Saudí (149), Vietnam (al menos 85) e Irak (al menos 52).

Hồ Duy Hải, declarado culpable de robo y asesinato pese a haber reconocido que había firmado su “confesión” bajo tortura, fue condenado a muerte en 2008. Continúa en peligro de ejecución en Vietnam. La angustia por su posible ejecución ha tenido efectos devastadores para su familia.

Su madre, Nguyễn Thị Loan, explicó a Amnistía Internacional:

“Han pasado 11 años desde que lo detuvieron, y nuestra familia está destrozada. No soporto más este dolor. El solo hecho de pensar en el sufrimiento de mi hijo encarcelado me resulta insoportable. Agradecería que la comunidad internacional me ayude a reunir a mi familia. Ustedes son mi única esperanza.”

Pese al considerable descenso en el número de ejecuciones consumadas, Irán sigue acaparando más de un tercio de las ejecuciones del mundo.

Asimismo, Amnistía Internacional consideró preocupante el marcado aumento experimentado a lo largo del año en el número de condenas a muerte impuestas en algunos países.

En Irak, la cifra se multiplicó por cuatro, y pasó de 65 en 2017, a 271 (como mínimo) en 2018. Por su parte, en Egipto el número de condenas a muerte dictadas ascendió en más de un 75%: de 402 (como mínimo) en 2017, a 717 (como mínimo) en 2018. Este aumento se puede atribuir a la espeluznante tradición de Egipto de imponer condenas a muerte colectivas tras juicios manifiestamente injustos, basados a menudo en “confesiones” extraídas mediante tortura y en investigaciones policiales irregulares.

Tendencia global hacia la abolición

En general, las cifras de 2018 demuestran que la pena de muerte está claramente en retroceso y que en todo el mundo se están tomando medidas efectivas para poner fin a este cruel e inhumano castigo.

Por ejemplo, Burkina Faso abolió la pena de muerte para los delitos comunes en junio. El febrero y julio, respectivamente, Gambia y Malasia declararon sendas suspensiones oficiales de las ejecuciones, y en octubre, el estado de Washington, en Estados Unidos, declaró inconstitucional su estatuto de pena de muerte.

Durante el periodo de sesiones de diciembre de la Asamblea General de la ONU, 121 países —una cifra sin precedentes— votaron a favor de una moratoria mundial de las ejecuciones. Sólo 35 Estados votaron en contra.

“Lenta, pero firmemente, se va fraguando un consenso internacional respecto a poner fin a la pena de muerte. Amnistía Internacional lleva más de 40 años haciendo campaña por el fin de las ejecuciones en todos los países. Sin embargo, con más de 19.000 personas consumiéndose hoy en el corredor de la muerte, la lucha está lejos de acabar”, afirmó Kumi Naidoo.

“Desde Burkina Faso hasta Estados Unidos, se están tomando medidas concretas para abolir la pena capital. Es hora de que los demás países sigan su ejemplo. Queremos que todas las personas vivan en sociedades seguras, pero las ejecuciones nunca son la solución. Con el apoyo continuado de la población mundial, podemos —y lograremos— poner fin de una vez por todas a la pena de muerte.

Al terminar 2018, 106 países habían abolido por ley la pena de muerte para todos los delitos, y 142 la habían abolido en la ley o en la práctica.

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